Iniciativas para fortalecer la seguridad jurídica

Inversores, embajadores, organizaciones y organismos internacionales dan a conocer al mundo el atractivo de invertir en Paraguay. La revista CAP entrevistó al Abog. Rodolfo Vouga G., del estudio jurídico Vouga, sobre las garantías con que cuenta nuestro país en cuanto a seguridad jurídica y desde un enfoque económico.

El inversionista extranjero habla de seguridad jurídica en Paraguay, ¿por qué?

Si bien tenemos por delante un largo camino por recorrer, se están implementando iniciativas para fortalecer la seguridad jurídica en Paraguay. Para un inversionista (no solo extranjero, sino también nacional), es fundamental tener certeza sobre cómo será aplicada la ley. Esto es así porque, en términos económicos, un ambiente jurídico impredecible – contrario a un ambiente con seguridad jurídica – representa un mayor riesgo y por ende mayor costo para la empresa. El efecto de la falta de seguridad jurídica se traslada al resultado económico de la empresa. Lo importante es comprender que la seguridad jurídica, o la falta de ella, beneficia o afecta también a los inversores y empresas locales.

El paquete de leyes y normas de la reforma del sistema judicial, que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Reforma Judicial creada a finales de 2014, podría constituir la punta de lanza de los cambios que definitivamente eleven a Paraguay a otra categoría.

“Una de las constantes preocupaciones y denuncias que realiza la CAP a los organismos del estado consiste en la lucha contra el contrabando, en erradicar este flagelo para brindar una imagen óptima de país en desarrollo, que se podría hacer desde lo jurídico”

Si se habla de seguridad jurídica, ¿dónde quedan la corrupción y el contrabando que tanto se denuncian?

La corrupción y el contrabando son realidades nuestras que siguen instaladas. Los esfuerzos que se realizan para contrarrestarlas no tendrán efectos en el corto ni mediano plazo. No existe ley o medida que pueda adoptarse que elimine estos flagelos de un día para otro. La solución vendrá si se castiga a los culpables, en forma consistente en el tiempo, sin excepciones. Esto podrá generar el cambio cultural que se necesita.

¿Qué opinión le merece el tema de la prejudicialidad?

La cuestión es compleja porque existe desconfianza del sector público hacia el sector privado y a la inversa. Considero entonces que sea cual fuera la solución a la que se arribe, esta no será satisfactoria si la confianza no se restablece. Por ejemplo, cuando no existe confianza en la actuación de los fiscales (como es el caso con muchos fiscales en nuestro país), dar facultades a un fiscal para iniciar un proceso por defraudación mientras no exista todavía una resolución firme de la instancia administrativa que indique que el contribuyente ha defraudado, se torna peligroso para el contribuyente.

Por otra parte, obligar al Estado a tramitar por varios años el proceso por defraudación contra un contribuyente que asume actitudes dilatorias y que únicamente desea estirar el proceso, no parece muy equitativo. Por ello, sea cual fuera la solución, nunca será satisfactoria para ambas partes si una de ellas considera que la otra no actúa de buena fe. La cuestión es la confianza en el actuar de las autoridades y de los ciudadanos, y esa confianza únicamente se gana con coherencia en el actuar y consistencia en el tiempo.

¿Se puede hablar de un incremento en el asesoramiento legal a inversionistas extranjeros en estos últimos años?

Absolutamente. Normalmente un inversionista extranjero recurre a un abogado como uno de sus primeros contactos en un país. El abogado entonces en muchos casos se entera de los proyectos mucho antes de que éstos se materialicen. Es notable el incremento en el volumen de consultas y contactos durante los últimos años.

Jurídicamente hablando, ¿cuánto tarda una empresa en instalarse al 100% en Paraguay?

Depende de la actividad económica que desee realizar, porque algunas actividades requieren contar con permisos especiales, tales como los laboratorios, puertos, empresas de telecomunicaciones, entre otras. Normalmente la constitución de una sociedad demora entre 2 y 4 semanas, y posteriormente se tramitan, si fueren necesarios, los permisos o licencias específicas según la actividad que la empresa desee realizar.

 

 

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