Grave inseguridad jurídica

El Poder Ejecutivo, en su afán de cobrar más impuestos a los contribuyentes de siempre, ha generado una “grave inseguridad jurídica”, a través de los cambios introducidos en la reglamentación del impuesto a la renta personal (IRP), y corre el riesgo de desmantelar toda su política de promoción de inversiones, aseveró ayer el presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann. “Las leyes del país no se pueden cambiar de acuerdo al clima, a la situación política o por lo que sea”, remarcó el dirigente empresarial.

En cuanto a los argumentos utilizados por el fisco para los cambios, enfatizó que el impuesto a la renta personal, desde su origen, nunca fue un impuesto recaudador, dado que su intencionalidad era ayudar finalmente a la formalización de la economía, haciendo que el contribuyente pida facturas y las deduzca.

Biedermann lamentó que hoy el Gobierno no esté, más bien, ocupándose “en forma obsesionada” a cobrar impuestos a quienes no aportan, o no aportan lo que deberían, pero que cada vez están “más tranquilos y felices”, y no realiza otra acción mejor que seguir “apretando la tuerca” a los contribuyentes que están a la vista en los registros de Tributación, y sí están abonando todos los impuestos.

En ese mismo contexto, la cámara pide que las autoridades del fisco persigan la evasión y el fraude. “Todos debemos pagar los mismos impuestos: IVA, IRP y el IVA personal, porque así podremos exigir que el dinero que aportamos sea bien utilizado y, sobre todo, no se siga destinando a más gastos rígidos, en más del 90%”, expresó.

Por otra parte, recordó que, muchas veces, los que generan más ingresos también son los que más invierten, generan más empleos, más innovación, etc. Pidió “no satanizar” el ganar más, sino que todas las partes cumplan las leyes.

En seis meses

Mientras tanto, la viceministra de Tributación, Marta González, ha anunciado que la retención de parte del salario por el IRP entrará a regir desde julio próximo. De acuerdo a los datos oficiales, al menos un millón de paraguayos, cuyos ingresos superan los G. 10 millones mensuales, se verán afectados.

 

Fuente: ABC Color

 

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