Enmienda Constitucional

Ante los sucesos que son de público conocimiento, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) ha visto la necesidad de profundizar sus comunicados, contextualizando su posición.

El pasado 31 de marzo, significó un nuevo punto en la larga historia del Paraguay, por lo que la Cámara de Anunciantes del Paraguay ha emitido un comunicado a la opinión pública sobre los eventos ocurridos.

“Nadie puede estar o pretender estar por encima de la Constitución y leyes vigentes. Las autoridades nacionales de turno, de todos los estamentos y niveles, tienen la obligación y la responsabilidad constitucional, legal y moral de preservar el estado de derecho por encima de intereses políticos, sectoriales o personales.

Deben tener la inteligencia y sensibilidad de entender e interpretar los deseos, necesidades y estados emocionales de la ciudadanía. En caso contrario, como acaba de ocurrir, se crearán situaciones descontroladas que serán aprovechadas por oportunistas o malintencionados de cualquiera de los “lados” en disputa, propiciando daños y perjuicios irreversibles y de proporciones o desenlaces lamentables. No deben forzarse situaciones que humillen, ofendan o burlen a la ciudadanía.

No puede sencillamente aplicarse el típico y desenfadado “Mbarete”. ¡No hay que aplicar nomás “el hacer cualquier cosa” y pretender justificarlo con argumentos que no se compadecen mínimamente de la racionalidad o la legalidad!

La pasividad puede convertirse en una agresividad peligrosa y mortal ¡Cuidado, si no razonamos, el peligro es claro y presente! Una prueba de ello es lo que ha acontecido el día 31 de marzo de 2017, “el día en que el país perdió”.

Asunción, 1 de abril de 2017. – La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

 

El asesor legal de la CAP, Abg. Miguel Aranda, ratificó la postura del gremio ante la situación sociopolítica sobrevenida por los hechos ocurridos en el Congreso Nacional, que nuestro país se encuentra atravesando actualmente.

“Nosotros reiteramos la necesidad de respetar la Constitución y las leyes, ese respeto debe darse por todas las autoridades sean del nivel o estamento que sea. Categóricamente esta es la postura institucional y este es el sentir de la cámara”, expresó Aranda.

También había explicado que es todavía prematuro sacar una conclusión sobre el impacto de los acontecimientos en el país ya que han logrado una difusión internacional bastante importante, pero que todavía es temprano para saber cuál es el grado de impacto que han tenido estos hechos.

“Realmente los acontecimientos políticos podríamos decir que son de momento poco claros. Esperemos que esta situación se vaya clarificando, siempre dentro del marco constitucional y legal al que nos hemos sometido y debemos someternos”, declaró el asesor legal de la CAP.

El nuevo comunicado oficial de la Cámara de Anunciantes del Paraguay expresa lo siguiente con respecto a la situación actual en el país:

La imperiosa necesidad de respetar la Constitución y las leyes

Nos encontramos en un momento particularmente especial de la vida nacional y aparece, con más fuerza aún, la imperiosa necesidad de respetar los preceptos y mandatos constitucionales y legales que, como parte del pacto social que nos rige, hemos acordado cumplir.

Este respeto debe darse por todos los individuos y sectores que componen el quehacer nacional. No pueden sustraerse de hacerlo las autoridades nacionales, del nivel y estamento que fueran electas o designadas administrativamente, ya que a ellas les corresponde la doble tarea de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

A lo antes mencionado debemos enfatizar la exigencia que tenemos como país de trabajar en la construcción de la fortaleza de las instituciones tan necesaria para el desarrollo cultural y económico.

Los países exitosos y con calidad de vida son aquellos en los que prevalece el estado de derecho, con instituciones fortalecidas, serias y consolidadas ajenas a los vaivenes coyunturales.

Esta “combinación” positiva de factores es la que permite igualmente la construcción de políticas públicas que trascienden gobiernos de turno y hacen que los ciudadanos, que cumplen con las obligaciones impuestas como parte del contrato social nacional, puedan percibir los resultados concretos de las acciones del Estado.

Paraguay, que pretende presentarse ante el mundo como un país serio y predecible en el que, por encima de intereses políticos, sectoriales o personales, prevalece la Constitución y las leyes, ya no admite otro tipo de actitudes.

 

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